El consenso de Washington
En 1989, en la ciudad de Washington, se realizó un
encuentro promocionado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco
Mundial. En este encuentro participaron funcionarios del Departamento de Estado
de los Estados Unidos de América, ministros de finanzas de los países
industrializados, presidentes de importantes bancos internacionales y
reconocidos economistas. El resultado y producto de dicho más destacado de
dicho encuentro fue el Consenso de Washington, cuya paternidad se otorgó al
economista John Williamson.
El Consenso se caracterizaba por ser un conjunto de
“recomendaciones” que se daban a los países endeudados, mayormente
latinoamericanos, al momento de solicitar renegociaciones de deudas como nuevos
préstamos.
Así la corriente de pensamiento neoliberal penetró en los
países latinoamericanos, ya que como señala Frances Stewart, “los cambios en el
pensamiento en y acerca de los países desarrollados han tendido a ser seguidos,
un poco después, por cambios similares en el pensamiento de los países en
desarrollo. Este es un resultado natural de la fuerte influencia de los países
desarrollados en los actores importantes, especialmente como resultado de la
dominación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial por los países
desarrollados”.
A esto hace referencia Mario Rapoport, como también
Eduardo Bustelo, quienes manifiestan que por medio de dichas instituciones es
esparcida esta corriente filosófica por toda América con el nombre de “Consenso
de Washington”. La implementación de dicho Consenso se materializa en el cambio
del patrón productivo, que pasa de ser un modelo sustitutivo de importaciones a
ser uno de apertura de la economía.
Las estrategias elaboradas en el “Consenso” pueden
sintetizarse de la siguiente manera:
1. disciplina
fiscal que implica la reducción drástica del déficit presupuestario:
Su fin era solucionar el gran déficit
acumulado que condujeron a la crisis en la balanza de pagos y las inflaciones
elevadas;
2. disminución
del gasto público, especialmente en la parte destinada al gasto social:
Williamson en realidad proponía
redistribuir el gasto en beneficio del crecimiento y los pobres, por ejemplo,
desde subsidios no justificados hacia la atención sanitaria básica, la
educación y la infraestructura;
3. mejorar la recaudación
impositiva sobre la base de la extensión de los impuestos indirectos,
especialmente el IVA. La finalidad era que el sistema tributario combinara una
base tributaria amplia con tasas marginales moderadas;
4. liberalización
del sistema financiero y de la tasa de interés.
Según esta propuesta, los tipos de interés debían seguir
dos principios fundamentales.
En primer lugar, tendrían que ser determinados por el
mercado para evitar así una asignación inadecuada de los recursos. En
segundo lugar, deberían ser positivos en términos reales para desincentivar las
evasiones de capital e incrementar el ahorro. El problema de esta medida reside
en la posible contradicción de estos dos principios en época de crisis, como
por ejemplo la que afectó al conjunto de América Latina a lo largo de gran
parte de los años ochenta. La razón es que en una época de recesión los tipos de
interés determinados por el mercado generalmente tienden a ser excesivamente
altos.
5. mantenimiento
de un tipo de cambio competitivo;
Un tipo de cambio real competitivo es el primer elemento
esencial de una política económica “orientada hacia el exterior”, en la cual la
restricción de la balanza de pagos se supera básicamente por el crecimiento de
las exportaciones más que por la sustitución de las importaciones. En
Washington existía la firme convicción de que la orientación hacia el exterior
y la expansión de las exportaciones –especialmente el crecimiento de las no
tradicionales– eran necesarias para la recuperación de América Latina.
6.
liberalización comercial externa, mediante la reducción de las tarifas
arancelarias y abolición de trabas existentes a la importación;
Con carácter general, este ideal de libertad comercial
está sujeto a dos requisitos básicos. Primero, la protección sustancial de las
industrias nacientes, aunque esta deba ser estrictamente temporal y acompañada
de un arancel general moderado como mecanismo para ofrecer una tendencia hacia
la diversificación de la base industrial sin la amenaza de importantes costes.
Segundo, el establecimiento del calendario a seguir, pues no es aconsejable que
una economía muy protegida se deshaga de toda su protección sin un período de
transición. Pero este punto quedo sin precisión clara debido a la diferencia de
opiniones entre los miembros del Consenso: mientras que unos pensaban que la
liberalización de las importaciones debía seguir estrictamente un calendario
predeterminado, otros opinaban que dicha liberalización tenía que realizarse a un
ritmo acorde con el estado de la balanza de pagos del país en cuestión.
7. otorgar
amplias facilidades a las inversiones externas;
La liberalización de los flujos financieros extranjeros
no fue una prioridad importante en el
Consenso, aunque una actitud restrictiva, limitadora de
la entrada de la inversión extranjera directa (IED), fuera considerada como una
insensatez. Se pensaba que dicha inversión podía aportar capital, tecnología y
experiencia mediante la producción de bienes necesarios en el mercado nacional
o contribuyendo a nuevas exportaciones. El que estuviese cuestionada en algunos
casos fue debido a la existencia de un nacionalismo económico, totalmente
desaprobado por Washington, salvo en excepcionales ocasiones.
8. realizar una
enérgica política de privatizaciones de empresas públicas;
Las privatizaciones pueden ayudar a la reducción de la
presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo gracias a los
ingresos derivados de la venta de la empresa, como a largo plazo, puesto que el
gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria. Por otra parte, el
fundamento de la idea de privatización se basa en que la industria privada está
gestionada más eficientemente que las empresas estatales. A pesar de que esta
creencia fuera durante mucho tiempo una cuestión de fe en Washington, la
privatización solamente se enfatizó a partir de 1985, tras la proclamación del
Plan Baker, es decir, cuando recibió el impulso oficial norteamericano, con el
apoyo del FMI y el BM para fomentar las privatizaciones en el mundo y
particularmente en América latina.
9. cumplimiento
estricto de la deuda externa.
En “La democracia y el «consenso de Washington»”, John
Williamson omite este punto y en cambio desarrolla un noveno ítem referido a la
Desregulación. Con ello sugería la abolición de las regulaciones que impedían
la entrada de nuevas empresas o que limitaban la competencia. No obstante,
remarcaba que dicha desregulación debía tener en cuenta y respetar las normas
vigentes en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
10. Derecho a la
propiedad:
Debía ser asegurado y ampliado por el sistema legal.
A finales de la década de los 80, en América Latina los
derechos de propiedad eran muy inseguros, lo cual contrastaba con el que estuvieran
tan firmemente implantados en Estados Unidos, siendo su importancia fundamental
para el funcionamiento satisfactorio de una economía de mercado. Por ello,
Washington optó por implantar unos derechos firmemente establecidos y
garantizados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario